Si BoA rescinde el contrato Air Catering podría demandar a la estatal por daños y perjucios
(El Deber / EB).- Después de que una denuncia del partido opositor Unidad Nacional (UN) obligará al vicepresidente, Álvaro García Linera, a ordenar la rescisión del contrato entre la estatal BoA y la empresa de su cuñada Air Catering esta empresa que se encuentra en el ojo de la tormenta ha asegurado que seguirá prestando sus servicios a BoA mientras no exista un mandato legal que le obligue a hacer lo contrario
Así de claro fue el abogado de la empresa Air Catering, Luis Butikoffer Requena, en una entrevista con el diario cruceño El Deber en la ciudad de Cochabamba, después de conocerse, de la mano de una de las socias de, que la empresa Air Catering fue contratada mediante invitación directa y no mediante licitación como declaró públicamente el vicepresidente.
Air Catering nació en 2013 y formó su primer contrato con la aerolínea privada EcoJet y en enero de 2014 entró en vigencia el contrato que firmó con la estatal BoA y que fenece en diciembre de este año.
Decretos y normativas interna de BoA avalaría este tipo de contratación
Según el abogado de Air Catering, citado por El Deber, hasta el viernes la empresa no había recibido ninguna notificación de BoA para cortar el servicio y tampoco existe ningún obstáculo legal para que continúe trabajando, porque se ha cumplido con todos los pasos que están normados por el Decreto Supremo 181 sobre contrataciones directas de bienes y servicios del Estado “y porque de las 10 causales de rescisión, ninguna se refiere al hecho de que ser cuñada del vicepresidente es un impedimento”.
Sobre el tema del parentesco, el artículo 43, inciso f, de dicho Decreto señala como causales de rescisión: “Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el Código de Familia”. Las otras causales se refieren a deudas pendientes con el Estado y sentencias ejecutoriadas.
Butikoffer explica que como la MAE es BoA y no la Vicepresidencia de la República, no existe ninguna vulneración de la norma. “Otra cosa fuese si estuviera prestando servicio a la Vicepresidencia, porque ahí habría una relación directa”, argumenta.
Al margen de ese decreto, la empresa se ampara en una normativa interna aprobada por el directorio de BoA y en un informe legal de la aerolínea que, aunque el abogado dice no conocer, cree que en el momento de la adjudicación esclareció el tema de la relación familiar.
“Cuando se rompe un contrato sin una causal que esté estipulada, necesariamente se tiene que reconocer los perjuicios y daños. Yo creo que el costo sería muy grande y fuerte para el Estado”, advierte el jurista.
Mediante un correo del 2 de abril, la aerolínea estatal BoA argumenta que el contrato con Air Catering se basa en el decreto 181, pero también en el decreto 1497 que modificó el artículo 83 del primero y que establece que las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) “deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”. Este decreto fue aprobado hace poco más de un año, el 20 de febrero de 2013, y no fija ningún límite de cuantía, por lo que la invitación directa se puede hacer por cualquier monto.
Contrariamente, el decreto 181, en su artículo modificado, exigía que todo contrato superior a Bs 1 millón debía ser hecho por licitación pública.
Más allá del caso de Air Catering, el abogado José María Cabrera, especialista en Derecho Constitucional, considera que la modificación de este artículo es “una barbaridad”. “¿Por qué las alcaldías y gobernaciones están obligadas a licitar, mientras que a las empresas públicas se las ha liberado de la licitación?, no hay justificativos. Así como es urgente construir un canal de drenaje, es urgente contratar un catering. Hasta las empresas privadas licitan. Este decreto es una puerta abierta a la corrupción. La licitación pública es la modalidad por excelencia que garantiza transparencia en las contrataciones”, dice.
Según el decreto, se eliminó la licitación en las empresas públicas para lograr mayor ‘eficiencia’ en las contrataciones del Estado. Sin embargo, Cabrera cree que “so pretexto de eficiencia se hace a las entidades públicas más proclives a caer en hechos de corrupción, porque no hay control preventivo, solo posterior, cuando el contrato ya está firmado”.
El abogado también aclara que en el derecho boliviano “no existe una causal de rompimiento de contrato por simple orden de una autoridad. Si una entidad o empresa pública rescinde un contrato sin una causa legal, genera responsabilidades a favor de la empresa contratista”.
El Ceber aseguró que conversó tres veces con Fabiana del Castillo, asistente de la gerencia, pero no se pudo obtener una entrevista con el gerente general Ronald Casso. Del Castillo es hermana de la cuñada del vicepresidente y socia de Air Catering, Silvana del Castillo. Fabiana aseguró que la aerolínea contestaría de inmediato por escrito; pero Casso dijo que lo haría en días posteriores.
García Linera se aleja de la escena nacional
EB.- En un claro intento de alejarse de las repercusiones y de los posibles costos políticos que el caso BoA pueda causarle al vicepresidente, la izquierda internacional ha organizado varias actividades a las cuales ha invitado a Álvaro García Linera en calidad de invitado de honor y expósitor principal. Tal es el caso de clase magistral “El Estado y la transformación económica de la Bolivia actual”, que dictará en la universidad de Praga, o las reuniones con líderes comunistas franceses el próximo martes 8 en París, así como el coloquio organizado por la fundación marxista Espaces Marx, que invitó al presidente a dictar otra conferencia, también en la capital francesa. Para alargar lo máximo posible su estadía en el exterior, fuera del foco de los medios nacionales, García Linera realizará una última parada en la Universidad Complutense de Madrid, España, para disertar sobre “emancipación, autonomía y movimientos sociales”.
La Contraloría ¿fiscaliza?
El abogado Butikoffer considera que la Contraloría General tendría que hacer una auditoría al proceso de adjudicación y al contrato mismo, para determinar si hay causales de rescisión o no. “Con seguridad la Contraloría va a interpretar el tema del parentesco consanguíneo y de afinidad”, argumenta.
Sin embargo, el subcontralor general, Henry Ara, ya adelantó a un medio de comunicación que el caso ya está en el Ministerio Público y que la Contraloría no tiene competencia
“Queda claro que no son reserva moral”
Carlos Cordero – Analista Político
El vicepresidente Álvaro García Linera ha dicho o le han hecho decir lo que correspondía: que en el caso del contrato de BoA no existe un delito. Que no sea ético es otra cosa y que exista tráfico de influencias es algo que hay que probar. Lo cierto es que la imagen del presidente y del vicepresidente ha quedado muy deteriorada por este tema.
Ahora, que esto tenga efectos jurídicos en los que haya responsabilidades, no va a haber, porque ya se han hecho denuncias hace mucho tiempo de que existe subordinación de la justicia a la política.
Seguramente las autoridades de BoA van a rescindir el contrato cuando estén en condiciones de recibir otro tipo de servicio, pero no habrá responsables.
El efecto político de todo esto es la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Las autoridades que tenemos se han autodenominado como la reserva moral de este país e hicieron ver que la política, antes de que llegue Evo al poder, era el basurero de la historia. Pero ahora con estos casos de BoA, Ormachea, Sanabria y la red de extorsión, queda claro que no son la reserva moral
“Para la Fiscalía es un caso más”
El fiscal de distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, declaró a este diario que la demanda presentada por el vocero de UN, Arturo Murillo, contra el autor o los autores del contrato entre BoA y Air Catering “es una demanda más, entonces tiene que tener su procedimiento por lo que la denuncia pasa a la unidad de análisis para su valoración”. Según el fiscal, que no dio mayores explicaciones, ya se emitió un requerimiento y serán las partes las que se apersonen para su notificación.
Entretanto, Murillo considera que en el país se ha llegado “al límite del cinismo en el Gobierno, ahora se les mete la mano de frente y no les importa la justicia ni la ley. Pero estamos haciendo la persecución legal a todos los involucrados y vamos a seguir denunciando los vínculos que existen”.
“No es posible que todos tengamos que estar viendo que la familia real, la familia del vicepresidente, se beneficie con la cosa del Estado”, lamenta, apelando a la Fiscalía para que identifique a los culpables del contrato.
Fuente Economía Bolivia
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