Marco Chuquimia / La Paz- marco.chuquimia@eldeber.com.bo
Los exmiembros del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) esperan la resolución del juicio que tienen instaurado contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está en fase de “acuerdo de solución amistosa”, según el reporte de la Procuraduría General del Estado.
El caso se ventila en la CIDH e involucra como demandantes a funcionarios de Vicepresidencia, en una coyuntura en la que el Gobierno del presidente Evo Morales –en sintonía con el venezolano Nicolás Maduro y el ecuatoriano Rafael Correa–, han arremetido con duras críticas contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso han amenazado con retirar a los estados que conducen de esa convención, bajo el argumento de que la CIDH “solo procesa a los países antimperialistas”.
De los 12 exmiembros del EGTK, que en marzo de 2001 presentaron la demanda contra Bolivia, ocho tienen funciones en el actual Gobierno distribuidos en tres entidades. Víctor Ortiz Quispe trabaja en la Vicepresidencia, lo mismo que Alejandro Choque; a estos dos exmilitantes se debe sumar al vicepresidente Álvaro García Linera y a su hermano, Raúl García Linera, que, según el propio segundo mandatario, es su “colaborador personal”.
Luego están Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas y Mario Apaza Bautista, que figuran en las nóminas del Ministerio de Gobierno con declaraciones juradas actualizadas en 2013. Finalmente se encuentra Juan Carlos Pinto, que se de-sempeña como director del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), instancia que depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE), funcionario que la oposición vinculó con el Gobierno.
Felipe Quispe Huanca, ‘El Mallku’, Santiago Yanique Apaza y, finalmente, Alejandro Choque son los únicos tres ex militantes del grupo subversivo que no figuran en instancias estatales; Quispe asegura que dos de los que formaron parte de ese grupo ya fallecieron.
La contrademanda
Juan Carlos Pinto afirmó que la demanda contra el Estado boliviano no solo contempla la “reparación de daños” a algunos de sus compañeros, sino el procesamiento de las autoridades de entonces y precisó que no llega a los gobernantes, como el expresidente Jaime Paz Zamora, pero sí al fiscal o los jefes policiales y militares de entonces y que participaron de las torturas de las que fueron objeto. Admitió que existe una pretensión económica, aunque no dijo cuánto es el monto que requirieron ante la CIDH.
Felipe Quispe se declaró “traicionado” por sus excompañeros y dijo que los que fueron aprehendidos con el vicepresidente “trabajan con él” en la Vicepresidencia, y recordó que Silvia de Alarcón Chumacero, la esposa de Raúl García Linera, es docente en la universidad pública de La Paz. Afirmó que el abogado Jörg Stippel está a cargo del proceso y que debe notificarlos sobre el fallo que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma de la que pretende separarse el Estado boliviano
Recuerdos y proceso
Sin pruebasFelipe Quispe afirma que la Fiscalía nunca pudo probar que ellos colocaron las bombas y que, por el contrario, fueron torturados para confesar.
Los testimoniosLos exmilitantes remitieron sus testimonios ante la CIDH y en ellos detallaron la forma cómo fueron detenidos e incomunicados por la Policía.
FallecidosEl exfsical José Nemtala y el director de Inteligencia de la Policía, de esa época, cornel Germán Linares, son los principales acusados, pero ya murieron.
Los 14 delitos del Egtk
Alzamiento armado, instigación a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo agravado, fabricación de explosivos y falsedad material.
Los seis delitos del estadoDerecho a la integridad física y síquica, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada y protección judicial.
Tiempo al tiempoEl recurso contra el Estado boliviano fue presentado en julio de 2001 y después de cuatro años, en octubre de 2005, la CIDH admitió la demanda.
En este caso nadie pide compensaciónFreddy Panique - Abogado DDHH
Es necesario recordar que el episodio que protagonizó el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia no fue el primer caso calificado de ‘terrorismo’. Tenemos el caso de los sublevados de Zárate Willka, cuyos colaboradores habrían puesto una bomba en la autopista para atentar contra el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz. Luego el caso Roble viejo, durante la UDP, donde supuestamente mataron a un suboficial de la Fuerza Naval; está el caso Mrtkl que protagonizó el secuestro del empresario y político Samuel Doria Medina; el caso de Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), que trató del secuestro del empresario Jorge Lonsdale, este último entre los que me tocó ver. Me llama mucho la atención esta demanda, la de los exguerrilleros del EGTK, porque ninguno de los guerrilleros reclamó hasta ahora una compensación o algo por el estilo. Nada de eso.
Por ejemplo, en el caso CNPZ estaba implicado Alain Daniel Mesili Tudal, que fue extraditado de Francia a EEUU y fue absuelto; entonces en ese caso ese señor debía reclamar una compensación por la detención, el juicio y todos esos detalles, pero no lo hizo.
No quiere decir que el Estado no están obligados a resarcir por daños a los ciudadanos que padecieron la violación de sus derechos, no, pero hay casos donde corresponde y otros diferentes.
Peor en el caso EGTK, el juicio no los absolvió, los sindicados no fueron liberados de culpa. Lo que sucedió fue que la causa prescribió por retardación de justicia, entonces no se ha comprobado ante las leyes bolivianas que ellos sean inocentes; aún así presentaron la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y eso realmente es un absurdo total.
Fuente: EL DEBER
