Jornada.- Flores acotó que no tendría ningún problema en que sus comunicaciones sean investigadas, descartando las denuncias del magistrado Gualberto Cusi, quien lo acusa de estar constantemente comunicado con el Órgano Ejecutivo para la emisión de fallos constitucionales.
El magistrado Cusi acusó el domingo al presidente de esta instancia judicial de recibir llamadas telefónicas por parte del Ejecutivo cuando se tratan casos en los que se encuentra afectado, por lo que sugirió que se observe el extracto de llamadas de Flores para ver la frecuencia de sus comunicaciones.
“Estamos abiertos a cualquier proceso de investigación, la labor es transparente; puedo afirmar que tengo la seguridad de que ninguna de mis llamadas son seguras. Están siendo grabadas por inteligencia”, remarcó el presidente del TCP.
El magistrado Flores pidió al Gobierno que se regule el uso de la tecnología ya que se estaría violando el derecho a la privacidad y recalcó que sus actos son “absolutamente transparentes”.
Gobierno desmiente
Por su parte, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que señala que “como parte del Órgano Ejecutivo, observa, respeta y acata en todo momento el principio constitucional de la independencia de poderes que sustenta al Estado de Derecho y no ingresará en un debate mediatizado por pugnas internas al interior del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
“Este despacho hace votos para que la crisis de credibilidad que reflejan instancias del Órgano Judicial se supere con acciones concretas que señalen la intención de solucionar los problemas de fondo que aquejan a la administración de justicia en nuestro país”, agrega la nota.
Asimismo, -acota- “el Ministerio de Gobierno recuerda a la opinión pública que ha demostrado con hechos, su compromiso permanente de respeto a los derechos humanos y exhorta a algunos políticos desplazados por la historia como el señor Juan del Granado, a no buscar protagonismo con acusaciones que más bien reflejan su añoranza por el neoliberalismo gonista que vulneró y enajenó temerariamente los derechos ciudadanos, las leyes bolivianas y el patrimonio del Estado bajo el pretexto de la capitalización”.
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