UN investigará los contratos con sociedades anónimas
Opositores coinciden en que no existe una adecuada fiscalización. En el MAS, un diputado afirma que existen pugnas internas y que las sugerencias para una mayor fiscalización por parte del Legislativo son malinterpretadas.
Archivo digital. Una nave de Boliviana de Aviación, empresa estatal.
Página Siete / La Paz
Parlamentarios opositores denunciaron que las empresas estatales no son fiscalizadas adecuadamente. Unidad Nacional (UN) adelantó que investigará las contrataciones del Gobierno a empresas de sociedad anónima.
Este anuncio surge después de conocerse que una empresa de la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera tenía un contrato con Boliviana de Aviación (BoA) por 18 millones de bolivianos por el servicio de catering.
"La corrupción en el MAS ha penetrado a altas esferas del Gobierno, no sólo con la participación de familiares, sino que hay varias empresas que se manejan como sociedades anónimas que son de propiedad de políticos del MAS”, denunció el diputado de UN Antonio Franco.
El senador opositor Germán Antelo aseguró que "no existe fiscalización” de las empresas estatales por parte de la Asamblea Legislativa. "Todas las empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, debían ser eficientes, competitivas, transparentes y bien fiscalizadas”, dijo.
Como ocurrió en gobiernos anteriores -complementó-, se crearon empresas que se constituyen en un "botín político” o espacios para grupos familiares.
El diputado Franco anunció que se realizarán las peticiones de informe necesarias a las instituciones para revelar que las llamadas sociedades anónimas son un "camuflaje”.
Una empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada de la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se adjudicó un contrato con la empresa aérea BoA para proveer refrigerios.
El senador David Sánchez (MAS) acusó a los opositores de utilizar este asunto de manera política y exigió que las denuncias sean presentadas con pruebas y no como hizo Unidad Nacional, apuntando a dañar la imagen de García Linera. "Aprovechar el tema políticamente es una irresponsabilidad”, afirmó.
El diputado Irineo Condori (MAS) sostuvo que la fiscalización es un acto constitucional y responsable.
Condori, consultado si la denuncia que complicó al Vicepresidente debe ser analizada en la bancada del oficialismo, respondió: "A los encargados jefes de bancada les hemos sugerido algunos una acción más clara y explícita frente al pueblo, (de lo contrario) podríamos estar como cómplices. Pero usted sabrá que en el interior (del MAS) existe también una pugna interna. Somos un partido muy grande y diverso, y a veces una sugerencia se malinterpreta”, explicó.
Añadió que el vicepresidente García Linera y otras autoridades podrían no conocer el accionar de sus familiares y que no por ello pueden ser responsables de esos actos.
Piden que el Vice indague
El vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, pidió ayer al vicepresidente Álvaro García Linera que revise qué miembros de su familia pueden estar trabajando en cargos públicos, con el fin de descartar que exista tráfico de influencias en otras reparticiones estatales.
"Creo que por un mínimo de moral y ética debería el Vicepresidente, así como ha ordenado rescindir contrato, ordenar revisar quiénes de su familia están ocupando cargos en el Estado, porque claramente eso es nepotismo, hay tráfico de influencias”, sostuvo.
Asimismo, pedirá realizar una investigación al gerente general de la empresa Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso.
En tanto que las organizaciones sociales calificaron como un "show político” las acusaciones de tráfico de influencias en contra del segundo hombre del Estado, aseguró el dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Freddy Sánchez.
El vicepresidente de la FAM y concejal del MAS, Jorge Silva, sostuvo que se trata de una "guerra sucia” de la oposición en un año electoral.
Defensor del Pueblo afirma que Soza debe retornar al país
Página Siete / La Paz
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, también considera que el exfiscal Marcelo Soza debe retornar a Bolivia para que rinda cuentas a la justicia y los bolivianos sobre los casos de terrorismo y extorsión.
"Soza debería volver al país para que rinda cuentas a la justicia (…) para que dé toda la información y así esta nebulosa y otras tantas conjeturas que se habla sobre el tema (terrorismo y extorsión) se puedan esclarecer”, comentó Villena en una conferencia de prensa.
En consideración del defensor, el exfiscal Soza y otras personas que fueron involucradas en el caso terrorismo y abandonaron el país deben retornar para comparecer ante la justicia, pero el Estado debe dar las garantías y condiciones de seguridad física.
Inicialmente, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Dennis Racicot, dijo que Soza debe retornar de Brasil al país para aclarar las acusaciones que formuló en su carta y solicitó al Gobierno que garantice su seguridad.
Villena, al ser consultado sobre la relación entre jueces y fiscales con el Gobierno, respondió que el sistema judicial "no funciona”, porque cuando hubo denuncias concretas contra fiscales, no terminaron con sanciones. "La sociedad como la Defensoría sólo nos vemos de testigos silenciosos, pero tenemos que exigir para que éstos sean procesados”, sostuvo.
Autoridades gubernamentales afirmaron que Soza es un "delincuente confeso” y que se unió a los presuntos separatistas para deslegitimar este proceso judicial y así pedir que se extinga el caso sin ninguna sentencia.
Fuente: EjuTv
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