El Gobierno debe ocuparse de aclarar a la ciudadanía su participación en el caso terrorismo, no hacer acusaciones poco creíbles y sin pruebas, y dejar de “autovictimizarse” con el objetivo de obtener réditos políticos y desviar la atención, dijeron ayer analistas, exdignatarios de Estado y exactivistas de Derechos Humanos, en alusión a las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera.
Ayer, el Vicepresidente denunció la existencia de una “campaña sistemática de la derecha para atacar al Gobierno con un afán electoral”. Dijo que la oposición utiliza a su favor las declaraciones del exfiscal Marcelo Soza, del exmayor de Policía Fabricio Ormachea y del exejecutivo de AeroSur, Humberto Roca, quienes involucran a autoridades gubernamentales en extorsión y corrupción.
El vicepresidente Álvaro García Linera rechazó ayer las afirmaciones del exfiscal Marcelo Sosa y del mayor Fabricio Ormachea, quienes denunciaron, por separado, que hubo “armado y manipulación de pruebas” en el caso de terrorismo que se juzga desde 2009.
Según García Linera, las denuncias de Sosa desde Brasil y las revelaciones de Ormachea en Estados Unidos son “una campaña sistemática de la derecha para atacar al Gobierno” y pidió a la gente “no dejarse sorprender” por “otras cosas que inventarán”.
Sobre el caso, el exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que después de cuatro años de juicio por terrorismo, hasta el momento el Gobierno no ha dado explicaciones coherentes sobre la tragedia.
“Recurre a insultos, agresiones o a culpar a los adversarios políticos. Hay una actitud de acusación y agresión y otra de lavarse las manos. Según ellos nada tiene que ver el Gobierno con el señor Soza, eso nadie le va a creer”, dijo Cárdenas.
“Los que están abriendo la boca, es decir Marcelo Soza y Fabricio Ormachea, son simples operadores de altos niveles del Gobierno”.
Cárdenas advirtió también que si no se inicia una investigación, tarde o temprano los familiares de las víctimas van a tomar cartas en el asunto. “Si tal como dicen estas denuncias se demuestra que en Santa Cruz hubo una ejecución extrajudicial, eso es un crimen de lesa humanidad. Esto toca al Gobierno y toca al Presidente porque se trata de extranjeros”.
La campaña, según el Vicepresidente, viene de los privatizadores y atacan con mentiras al Gobierno, “no es ahora, lo vienen haciendo desde hace más de dos años”, señaló ayer.
Victimización
Para la analista Maria Teresa Zegada las acusaciones del Gobierno contra la “derecha” y de la intención de ésta de desprestigiarlo tienen que ver con una estrategia mediática y comunicativa. “El Gobierno tiende a una especie de autovictimización y ve amenazas por todas partes”.
En política hay la tendencia de buscar un enemigo para descalificarlo y tratar de unificar a quienes apoyan un determinado proyecto político. “A veces, ante la ausencia de enemigos muy visibles, se tiende a crearlos”.
Coincide con Zegada el sociólogo e investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Carlos Crespo, “lo que están haciendo es buscar una salida, es una vieja estrategia estalinista en esos regímenes. La forma como resuelven las contradicciones, los problemas que podrían afectar al Gobierno es echando la culpa al otro”, dijo.
Iniciar una investigación independiente sobre el tema “es lo mínimo que deberían de hacer” para aclarecer los sucesos.
Crespo dijo que las justificaciones del Gobierno sobre el caso terrorismo, pueden producir una condena de los sectores de la clase media urbana para con el MAS, porque están escépticas del denominado “proceso de cambio”.
En esta misma línea, para el analista Carlos Cordero, lo vertido por el Vicepresidente no influye en la opinión pública. “Han perdido frente a la ciudadanía su credibilidad y esas apelaciones de que es toda una conspiración (…) Toda la poca credibilidad que tienen sirve para encandilar, justificar sus adherentes y militantes, el resto ya no cree en esas explicaciones”, dijo.
Para el ex Defensor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Waldo Albarracín, en el caso terrorismo aún no se ha esclarecido la acción del Gobierno.
“Es un hecho conocido que la investigación se ha digitado desde la acción de un fiscal (Soza) que tenía el instructivo específico de simular una investigación con el objetivo de reprimir políticamente y de ocultar la verdad al país. Para ello se han escogido a la persona más inescrupulosa posible, porque ese era el perfil necesario”.
Para el académico, había que buscar no un profesional honesto, no alguien con vocación de justicia, si no alguien para que haga exactamente lo contrario, es decir, lo que pide el Gobierno: el exfiscal Soza.
“OPERADORES”
Analistas recordaron que tanto Ormachea como Soza no trabajaron en la oposición, por el contrario, como funcionarios del Estado estuvieron al servicio del Gobierno.
Prado rebate al Vice
El vicepresidente Álvaro García Linera insistió ayer sobre la intención de dividir Bolivia en 2009, cuando un grupo de “mercenarios” contratados por personas del departamento de Santa Cruz, buscaron organizar una resistencia armada para proclamar su independencia. El hijo de uno de los involucrados en el proceso, Gary Prado, reiteró que el Gobierno realizó un montaje, a partir de los dos atentados con explosivos registrados en esa ciudad.
“El año 2008 y principios de 2009 un grupo de personas contrató a mercenarios extranjeros para venir aquí a preparar grupos armados y separar Santa Cruz del resto de Bolivia. Se entrenaron, compraron armas. Este es un hecho ineludible, inocultable que es muy importante que la opinión pública lo revise”, señaló García en conferencia de prensa. Dijo que la investigación realizada por la comisión multipartidaria recoge todos los testimonios de los involucrados con los que se concluye la intención de dividir Bolivia.
Gary Prado, cuestionó las afirmaciones de García y reiteró que el Gobierno hizo un uso político de esta situación en respuesta a las demandas autonomistas de Santa Cruz.
Derechos humanos
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz (APDHSC) demandó ayer al Gobierno que diga la verdad y se esclarezcan las aseveraciones del exfiscal Marcelo Soza, que mediante una nota denunció varias irregularidades en el proceso del terrorismo.
Ligia Pinto, presidenta de la Apdhsc, pidió que las revelaciones efectuadas por Soza que involucran con presuntas irregularidades a algunas autoridades sean aclaradas, porque el mismo denunciante fue quien investigó el caso de terrorismo.
“A todos y a cada uno de los bolivianos nos interesa que se llegue a la verdad.
También yo estaría de acuerdo que aquí (en Santa Cruz) sean juzgados (los acusados), porque aquí se cometieron los delitos; entonces, hay mucha gente que sigue llorando y que está detenida sin tener un proceso justo y legal sean o no sean culpables”, afirmó la activista.
PARA AYUDAR A ESCLARECER CASO TERRORISMO
Descartan creación de comisión internacional
La Paz | Abi
El vicepresidente Álvaro García Linera descartó ayer la conformación de una comisión internacional para la investigación del caso terrorismo, como pidió la oposición.
En conferencia de prensa, el segundo del Ejecutivo boliviano se refirió al anuncio de la diputada de la opositora Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, sobre la decisión de ese partido de pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Bolivia, que coadyuve en las investigaciones del caso terrorismo.
“No se conformará ninguna comisión internacional porque este es un tema de índole de la justicia nacional”, retrucó García Linera.
El Vicepresidente boliviano consideró que esas personas que esperan que todo venga de afuera, “los que tienen mentalidad colonial”, que creen que lo que viene de afuera es lo mejor y esperan al asesor o al ministro que venga desde el FMI, “sólo esas personas van a esperar y van a desear que sean los extranjeros los que nos digan lo que tiene que pasar aquí en Bolivia”, remarcó.
“No señores, este es un tema de la justicia boliviana y es la justicia boliviana la que tiene que cumplir su trabajo, aún no lo ha completado, ¿cuál es la crítica a la justicia?, que se apure en cumplir su trabajo, que concluya ese caso, que culmine con sentencia, las personas involucradas a la cárcel, las personas inocentes a su casa, que concluya”, respaldó.
Aseguró que el caso terrorismo, que se inició en 2009 cuando en un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz fue abatido Eduardo Rózsa, acusado de ser el líder de un grupo irregular que intentaba dividir Bolivia, es “un tema de jurisdicción nacional y tiene que ser resuelta por tribunales nacionales”.
“No vamos a aceptar que ningún país extranjero venga a decirnos lo que tenemos que hacer.
Oiga señor político que ha pedido semejante barbaridad, se han acabado los tiempos del MIR, de ADN, de UCS donde todo venía de afuera, donde comandantes, leyes y reglamentos venían desde el extranjero, eso se acabó, ya no va a regresar más”, sentenció.
En esa línea, afirmó que los bolivianos son los que deciden ahora el curso de la economía, de la política y de la justicia, e insistió que el caso terrorismo es un tema que compete a la justicia boliviana.
CASO TERRORISMO
Montaño: “No lo olvidaremos”
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriela Montaño, señaló ayer que quienes fueron víctimas de la intentona de dividir el país en 2009, nunca olvidarán que ese caso existió.
“Quienes lo vivimos, nunca, nunca nos van hacer creer que el caso terrorismo y separatismo no existió. Quienes hemos vivido eso, no nos van contar que eso no existió y que fue un invento de un extorsionador y un fiscal extorsionador”, respaldó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
Montaño se refirió a la propuesta de legisladores de la oposición de anular el denominado caso terrorismo, después de que el exfiscal de ese caso, Marcelo Soza, huyó a Brasil, acusado de supuestos hechos de extorsión, los cuales dijo son hechos diferentes al caso terrorismo.
SENADOR ANTEZANA
Anuncian juicio a Evo Morales
El senador Marcelo Antezana anunció que la siguiente semana presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación en contra del presidente Evo Morales y otras autoridades por el supuesto delito de asesinato en la hotel Las Américas, donde murió Eduardo Rózsa Flores.
El propósito del opositor es que el Mandatario sea objeto de un juicio de responsabilidades.
“Vamos a presentar una denuncia para que se lleve adelante una investigación en la Fiscalía General, un proceso de juicio de responsabilidades al Presidente y Vicepresidente, dignatarios de Estado y autoridades que salgan como cómplices”,dijo.
GARCÍA LINERA
“Mi hermano vive de alquiler”
Luego de que el exmayor de Policía, Fabricio Ormachea, vinculara al vicepresidente Álvaro García Linera en sus declaraciones en Estados Unidos, éste último salió a desmentir toda posibilidad de que su hermano, Raúl García Linera, sea un funcionario del actual Gobierno. “No lo conozco al tal señor Ormachea, no conozco a policías más que al policía de mi seguridad y punto”, dijo García Linera en conferencia de prensa, luego de descalificar las declaraciones de Ormachea y señalar que las mismas son “mentiras de un delincuente”.
“Raúl García, que es mi hermano, es un profesional, es un ingeniero profesional que no trabaja en el Gobierno, no es funcionario público y vive de alquiler el pobre”, dijo.
Fuente: Los Tempos
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