El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó este jueves la existencia de un gabinete jurídico dentro el Órgano Ejecutivo, pero negó que éste sea utilizado para realizar persecución a los opositores del gobierno de Evo Morales.
Romero, en conferencia de prensa, manifestó que la labor de este gabinete jurídico es el de analizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y la correlación con las leyes jurídicas presentadas por esta instancia del Estado.
"El gabinete jurídico analiza exclusiva y únicamente la constitucionalidad, la coherencia, la concordancia de las normas jurídicas que proyecta el Órgano Ejecutivo esa es su tarea y el gabinete jurídico se ha reunido muchas veces aquí en Santa Cruz", manifestó la autoridad gubernamental en declaraciones a los medios de prensa.
Asimismo, dijo que los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, ex director de Régimen Interior, y los ex asesores Denis Rodas y Fernando Rivera, recluidos en Palmasola por estar implicados en una supuesta red de extorsión, no tendrían por qué pedir autorización al gobierno para declarar sobre las interrogantes del Ministerio Público dentro el caso Soza y otros como Chaparina y el caso Rózsa.
Romero aclaró que Rodas, Rivera y Villegas al ya no ser funcionarios del esta cartera de Estado no están sujetos a ningún secreto de Estado, sin embargo, la autoridad dejó a conciencia y criterio ético de cada uno para decidir si declaran o no sobre las interrogantes de la Fiscalía.
"No es el ministro de Gobierno que les va decir qué van a declarar y qué no van a declarar, ellos tienen que declarar de acuerdo a su leal saber y entender y en correspondencia plena con los principios de la ética, de la moral, tienen que declarar lo que sus conciencias les mande a declarar y tienen que declarar con apego a la verdad", acotó Romero.
La senadora de oposición, Carmen Eva Gonzales, denunció la existencia de un gabinete jurídico dentro el Órgano Ejecutivo el cual estaría conformado por los ministros Carlos Romero, Nardi Suxo, Juan Ramón Quintana, además del fiscal general, Ramiro Guerrero, quienes supuestamente manipulan los procesos judiciales de interés del gobierno.
Fuente: Enlaces de Bolivia
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