En esta gráfica del Sol de Pando, el presidente Evo Morales aparece al lado de un uniformado Ormachea. Foto: Sol De Pando
EL DEBER, Santa Cruz
A dos días de conocerse las sindicaciones del ex jefe anticorrupción de la Policía boliviana Fabricio Ormachea en contra de altas autoridades del Gobierno, el aludido vicepresidente Álvaro García Linera desacreditó al exmayor preso en Miami (EEUU). Anunció un juicio en su contra, negó conocerlo y defendió a su hermano Raúl; al tiempo que diputados de oposición y abogados conminaron al fiscal general, Ramiro Guerrero, a abrir una investigación, cuando él todavía no se ha pronunciado sobre las revelaciones del video del FBI, difundidas por la prensa del país.
El pedido de un proceso ocurre tras la difusión en Bolivia de las pruebas ventiladas en EEUU contra Ormachea por el delito de extorsión, que a su vez implicó al menos a cinco autoridades gubernamentales en casos de extorsión, corrupción y manipulación de la justicia.
“Es un encuentro entre delincuentes, el que evade impuestos y hace sufrir a familias (Roca) y el extorsionador de ese delincuente”, sostuvo ayer García Linera, aunque Roca asegura ser inocente de las acusaciones contra él. El vicepresidente también indicó que Ormachea nunca ingresó a su despacho (según el registro electrónico de visitas), y que no lo conoció “ni en pintura”.
“Hay cuatro caminos”
Mientras el ‘vice’ ensaya desa-creditar las declaraciones de Ormachea, la exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame plantea que hay cuatro maneras de aclarar las sindicaciones que hizo el ex jefe anticorrupción de la Policía boliviana: “Que el fiscal general inicie de oficio un proceso y solicite oficialmente las pruebas a EEUU, vía Cancillería, o que hagan lo mismo las autoridades de Gobierno, las partes litigantes de los casos aludidos por el exagente o los jueces que dirigen esas causas en tribunales del país”.
Pese a las consultas en Sucre, ayer, el fiscal Guerrero no se pronunció. Para el abogado penalista Yimy Montaño, Guerrero está obligado a investigar las versiones del ex jefe policial, ya que Bolivia es signataria de acuerdos internacionales de lucha anticorrupción y que el artículo 225 de la Constitución Política del Estado lo conmina a defender “la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, y ejercer “la acción penal pública”. Caso contrario es pasible de un proceso por incumplimiento de deberes, sostuvo.
El exjuez Luis Jaime Cruz afirmó que las pruebas tratadas en la corte federal de Fort Lauderdale (EEUU) pueden tener valor legal en Bolivia, siempre y cuando se soliciten por conductos regulares, tal como señala Salame. “Estamos frente a denuncias que afectan a personas que se encuentran sometidos a procesos penales en el país y que están en funciones de Gobierno, por eso hay que abrir un caso”, señaló
Textual
“Raúl García, que es mi hermano, es un profesional, es un ingeniero, que no trabaja en el Gobierno, no es un funcionario público… ¡Y vive en alquiler, el pobre!”
Álvaro García Linera – Vicepresidente de Bolivia
“¡Imagínese al vicepresidente hablando como amigote del señor Ormachea! ¡Locura! Hay que enjuiciarlo aquí también al señor Ormachea”
Álvaro García Linera – Vicepresidente de Bolivia
El presidente tiene el deber moral de pedir oficialmente las pruebas
Silvia Salame – Exmagistrada Del TCP.
En primer lugar, debemos partir de que las pruebas presentadas en el juicio contra Fabricio Ormachea son lícitas y legales. ¿Por qué decimos que son legales? Porque han sido obtenidas con la participación de un juzgado federal y de la Fiscalía de Estados Unidos (EEUU).
Él fue registrado en una conversación espontánea con Humberto Roca, lo que quiere decir que el señor Ormachea no estaba sicológicamente presionado o físicamente forzado a decir nada, siendo él un alto funcionario de Estado, como titular de la Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional.
Para que estos videos puedan ser utilizados es necesario que se soliciten estas pruebas formalmente a Estados Unidos.
Hay cuatro caminos para que esto suceda: que el Estado solicite las pruebas de Gobierno a Gobierno, vía cancillerías. El otro camino es que el fiscal general, Ramiro Guerrero, actúe de oficio o algunos de los involucrados en los casos mencionados por Ormachea. Cualquiera de ellos puede solicitar la documentación oficial, o cualquiera de los jueces que conocen las causas que se mencionan, como el tribunal del caso terrorismo I.
Ahora bien, hay que dejar claro que constituye un deber moral del presidente Evo Morales pedir esa documentación de manera oficial para esclarecer lo que ha dicho sobre sus colaboradores un alto funcionario del Estado.
En este momento, nosotros, el pueblo de Bolivia y sus instituciones, por ley presumimos la inocencia de las autoridades de Gobierno sindicadas por Ormachea; pero, por esa misma razón es obligación del Gobierno nacional demostrar que no es evidente lo que dijo su ex jefe nacional anticorrupción de la Policía.
Tiene la palabra el doctor Ramiro Guerrero, que debe actuar conforme a derecho y ante la observancia de los bolivianos. No pueden quedar en duda nuestras instituciones.
fuente: EjuTv
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